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Noticia: Sheikh Hasina, ex primera ministra, condenada a muerte

La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, ha sido condenada a muerte tras ser hallada culpable de crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de las protestas estudiantiles que provocaron el colapso de su Gobierno. La sentencia del Tribunal Internacional de Crímenes (TIC) marca un punto crítico en la historia política del país.

Un tribunal internacional de crímenes, compuesto por tres magistrados y dedicado a enjuiciar delitos de guerra y graves transgresiones a los derechos humanos en Bangladesh, dictó su fallo el lunes. Dicho veredicto estableció que Hasina fue hallada culpable de instigar y ordenar ejecuciones sumarias durante las protestas estudiantiles del año anterior. Conforme a la corte, la brutalidad ejercida por las fuerzas de seguridad bajo su dirección resultó en la pérdida de cientos de vidas y dejó a decenas de miles de heridos.

La sala del tribunal en Dacca se llenó de aplausos de algunos familiares de las víctimas al escuchar la sentencia. Uno de los jueces afirmó: “Sheikh Hasina cometió crímenes de lesa humanidad por su incitación, sus órdenes y su omisión al no tomar medidas punitivas”. Los magistrados sostuvieron que existía evidencia clara de que la ex primera ministra había instigado la violencia contra los estudiantes que se manifestaban pacíficamente, llevando a ejecuciones y represalias sistemáticas.

Las manifestaciones, que comenzaron como una iniciativa estudiantil en oposición a las políticas de contratación en el sector público, evolucionaron hasta convertirse en una insurrección a nivel nacional que exigía la dimisión de Hasina. De acuerdo con los datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la respuesta represiva del Estado podría haber provocado hasta 1.400 fallecimientos y más de 25.000 lesionados.

Hasina, quien actualmente se encuentra en un exilio voluntario en Nueva Delhi, India, no asistió a la audiencia judicial y describió el procedimiento como «sesgado y políticamente motivado». Mediante su organización política, la Liga Awami, negó las acusaciones y señaló deficiencias en el proceso legal.

Acusaciones y réplica de Hasina

La ex primera ministra enfrentó cinco cargos principales, que incluían incitar asesinatos de manifestantes, ordenar ejecuciones y utilizar armas letales, drones y helicópteros para reprimir las protestas. Hasina negó de manera reiterada cualquier responsabilidad, argumentando que los veredictos fueron emitidos por un tribunal “amañado” y presidido por un gobierno sin mandato democrático.

En una declaración formal emitida por su agrupación política, la Liga Awami, la antigua dirigente afirmó: “Desestimo las restantes imputaciones de transgresiones a los derechos humanos formuladas por el Tribunal Penal Internacional, ya que carecen igualmente de fundamento probatorio. Me siento sumamente satisfecha con el desempeño de mi administración en lo que respecta a los derechos humanos y el progreso”.

Desde el año 2009 hasta su destitución en 2024, Hasina dirigió Bangladesh con una administración robusta y concentrada. Durante su período en el poder, la nación experimentó un notable desarrollo económico; sin embargo, su gestión fue objeto de acusaciones de corrupción, regresiones democráticas y vulneraciones de los derechos fundamentales, lo que provocó una creciente insatisfacción pública. Expertos señalan que la sentencia de muerte podría avivar las fricciones políticas antes de los comicios nacionales programados para febrero del año entrante.

La representación legal de Hasina elevó un recurso ante el relator especial de la ONU encargado de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, expresando inquietudes por la ausencia de garantías procesales y de un juicio justo. Paralelamente, el gobierno provisional de Bangladesh ha cursado una petición formal para la extradición de la antigua primera ministra, si bien la India no ha emitido aún una contestación oficial.

Protestas y tensión en las calles

Antes de que se emitiera el fallo, una multitud de manifestantes se reunió frente a la deteriorada casa de Sheikh Mujibur Rahman, el padre de Hasina y fundador de Bangladesh, ubicada en el distrito de Dhanmondi. Las grabaciones difundidas por los medios de comunicación locales exhibieron a los participantes encendiendo hogueras en la vía pública y entonando cánticos en oposición a la estirpe política de la familia Hasina. Se informó que las fuerzas armadas y la policía intervinieron con porras para restablecer el orden.

El domingo anterior, la capital, Dacca, registró incidentes de violencia, incluyendo la explosión de cócteles molotov lanzados por personas en motocicletas. La seguridad se reforzó con vehículos blindados y agentes equipados con escudos antidisturbios alrededor de edificios gubernamentales clave, mientras se desplegaban equipos de acción rápida y fuerzas de la guardia fronteriza.

El hijo de Hasina advirtió que los simpatizantes de la Liga Awami podrían bloquear las elecciones si no se levantaba la prohibición del partido, señalando que las protestas podrían escalar en violencia. “No permitiremos que se celebren elecciones sin la Liga Awami. Nuestras protestas se intensificarán cada vez más y haremos lo que sea necesario. A menos que la comunidad internacional intervenga, es probable que haya enfrentamientos en Bangladesh”, declaró.

Carrera política de Hasina

La vida de Sheikh Hasina está profundamente ligada a la historia de Bangladesh. Hija mayor de Sheikh Mujibur Rahman, presenció desde muy joven la lucha por la autonomía bangladesí frente a Pakistán. Tras el golpe militar de 1975, en el que fueron asesinados su padre, su madre y tres hermanos, Hasina y su hermana se vieron forzadas al exilio.

Regresó a Bangladesh en 1981 para asumir el liderazgo de la Liga Awami, el partido de su padre, y se convirtió en primera ministra por primera vez tras ganar las elecciones de 1996. Posteriormente, regresó al poder en 2008 y gobernó hasta 2024, consolidando un liderazgo que combinó desarrollo económico con autoritarismo político.

Durante su administración, Hasina enfrentó críticas por inclinarse hacia un modelo de partido único y por acciones que restringían la libertad de prensa, la disidencia política y la participación ciudadana. La aplicación de normativas de ciberseguridad posibilitó al gobierno suprimir la expresión digital, resultando en el arresto de periodistas, activistas y artistas, además de acusaciones de detenciones injustificadas y maltrato.

A pesar de estas críticas, Hasina logró superar múltiples protestas durante su administración, hasta que el levantamiento del año pasado, impulsado por la generación Z, provocó su salida del poder y la colocó en exilio en India. Actualmente, muchos de sus familiares y líderes de su partido también viven fuera del país.

Contexto económico y social

Durante la administración de Hasina, Bangladesh logró un desarrollo económico considerable, evidenciado en la modernización de su infraestructura, el progreso educativo y la disminución de la pobreza. No obstante, este progreso económico coexistió con denuncias de corrupción extendida y una centralización del poder. La opacidad en la gestión y las restricciones a las libertades democráticas provocaron una insatisfacción pública que culminó en las protestas estudiantiles que precipitaron el término de su gestión.

El levantamiento del año pasado evidenció la tensión entre la población y un Gobierno que muchos consideraban desconectado de las demandas ciudadanas. El uso de fuerzas de seguridad para reprimir protestas pacíficas derivó en una crisis humanitaria con un elevado número de víctimas, un factor determinante en la condena de Hasina.

El tribunal consideró que la ex primera ministra tenía responsabilidad directa en la violencia, no solo por órdenes explícitas, sino también por omisión ante los abusos perpetrados por las fuerzas del orden. Este precedente judicial refleja un intento de establecer rendición de cuentas frente a graves violaciones de derechos humanos en Bangladesh.

Respuestas y visiones políticas

La resolución judicial contra Hasina ha provocado una atmósfera de división en la nación. Por una parte, los seguidores del gobierno provisional, encabezado por el galardonado con el Nobel Muhammad Yunus, opinan que los procedimientos judiciales son fundamentales para restablecer la credibilidad ciudadana y robustecer las estructuras democráticas. Por otra parte, los defensores de Hasina desestiman las acciones legales, viéndolas como impulsadas por intereses políticos y concebidas para apartarla de la participación política.

Mientras la Liga Awami sigue inactiva en el ámbito político, el Gobierno provisional se enfrenta al reto de celebrar unas elecciones transparentes y asegurar la calma antes de las votaciones programadas para febrero. La agitación social y política, junto con las advertencias de manifestaciones violentas, representa una amenaza considerable para la administración y la seguridad ciudadana en la nación.

El ámbito global sigue de cerca la situación, ya que la entrega de Hasina por parte de India y la validez del tribunal han generado discusión en el plano diplomático. Diversas naciones han manifestado inquietud por la protección de los derechos fundamentales y la importancia de asegurar un procedimiento legal equitativo y claro.

La condena a muerte de Sheikh Hasina marca un capítulo crítico en la historia política de Bangladesh, donde el balance entre desarrollo económico, autoritarismo y derechos humanos ha definido la trayectoria del país. La sentencia refleja el peso de la justicia en casos de crímenes de lesa humanidad y la importancia de la rendición de cuentas, aunque también genera incertidumbre sobre la estabilidad política futura.

La vida de Hasina, desde la tragedia familiar hasta su liderazgo autoritario, ilustra los desafíos de la política en una nación joven y compleja. Con la Liga Awami suspendida y el Gobierno interino buscando consolidar la gobernabilidad, Bangladesh enfrenta un período de tensión mientras se acerca la fecha electoral. Los próximos meses serán cruciales para determinar si el país puede equilibrar justicia, democracia y estabilidad social frente a uno de los casos políticos más emblemáticos de su historia reciente.

Por Javier Rojas

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